El gobierno de Nicaragua disuelve otras 169 organizaciones

Ya suman más de cinco mil 600 instituciones de la sociedad civil con personalidades jurídicas canceladas por el gobierno del presidente Daniel Ortega. El mandatario también envió a la Asamblea Nacional un proyecto de reforma del código penal que sancionaría con férreos castigos los delitos contra el Estado y la administración pública.

Vatican News

Un nuevo cierre masivo de organizaciones no gubernamentales (ONG) decretó en las últimas horas en Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega luego de revocar la personalidad jurídica de 169 instituciones sin fines de lucro que funcionaban en el país. Hace 11 días se había realizado el mismo procedimiento con otras mil 500 ONG, y superan las cinco mil 600 agrupaciones de la sociedad civil que han sido ilegalizadas desde que comenzaran las protestas contra el gobierno en 2018.

Hasta ahora esas medidas de represión se habían ejercido sobre todo contra instituciones pertenecientes a la Iglesia católica, agencias y medios independientes, y se reporta que esta vez son más afectadas las entidades pertenecientes a iglesias evangélicas, pentecostales y bautistas, y organizaciones como Save the Children Canada. En general, se les acusa de no transparentar sus estados financieros y de derivar dineros para debilitar al gobierno sandinista, por lo que se ha decretado que las que quieran seguir operando deberán hacerlo en alianza con entidades estatales dependientes del gobierno.

30 años por “menoscabo de la integridad nacional”

El presidente Daniel Ortega, que cumple su cuarto mandato consecutivo en el país centroamericano, también envió a la asamblea macional un proyecto de ley que busca reformar el código penal, incluidos los delitos de financiamiento del terrorismo, delitos contra la administración pública, delitos contra el estado o sus instituciones y ciberdelitos. 

Esas han sido las imputaciones más recurrentes usadas por el gobierno contra sus opositores y para confiscar bienes de diversas instituciones, pero no estaban bien definidas en el código penal. La iniciativa de Ortega busca también la modificación del artículo 410, que sanciona a personas o instituciones que menoscaben la integridad nacional, con aumentos de 15 a 30 años de prisión a quienes organicen, financien o patrocinen de algún modo la comisión de este delito.

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La reforma del código penal, además, pretende ampliar el “principio de universalidad” de la comisión de delitos para que puedan ser imputables tanto a nicaragüenses como a extranjeros, a personas individuales y a ONG, incluso si estos ocurriesen fuera del territorio nacional. Además, las penas para los delitos más graves podrían ampliarse hasta la cadena perpetua.