Buscan mayores apoyos para alumnos con Trastorno del Espectro Autista

♦ GP-PRI pretende se reconozca la figura de “maestro sombra” o auxiliar

   educativo especializado en apoyo a niñas y niños con ese padecimiento.

♦ Necesario crear políticas públicas a personas con TEA, que

   les dé acceso a oportunidades de empleo: Rocío Rebollo.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GP-PRI), a través de la diputada Rocío Rebollo Mendoza, presentó un paquete de reformas que reflejan su compromiso con los niños, jóvenes y personas mayores que han sido diagnosticados con algún grado de Trastorno de Espectro Autista (TEA), y la importancia de legislar en favor de este sector de la población.

La presidenta de la mesa directiva del congreso local explicó que se pretende se reconozca la figura de auxiliar educativo especializado o “maestro sombra”, que son aquellos profesionales con conocimientos psicológicos y pedagógicos que brindan atención integral a alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad física, intelectual, sensorial (auditiva y/o visual), y/o alumnos con TEA.

Indicó que con esas iniciativas se podrían modificar las leyes de Educación, Atención a Personas con Espectro Autista y para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Durango para establecer cambios en la manera en que el estado debe atender a quienes presentan algún grado de TEA y apoyar a sus familias.

Resulta difícil, por no decir imposible, dimensionar de lo que significa para una persona o su familia el padecimiento del Trastorno del Espectro Autista, agregó Rocío Rebollo. “Por eso tenemos la obligación como sociedad de hacer que la vida de unos y otros sea mejor a través de la creación de conciencia, aumentando nuestro conocimiento sobre el tema y dirigiendo esfuerzos para remover todo tipo de obstáculos que les impidan desarrollarse en nuestra sociedad”, expuso luego.

Por último, Rebollo Mendoza destacó que se busca garantizar el derecho para que a estas personas nunca les sea negada la asesoría jurídica necesaria para el ejercicio de sus derechos, o la entrega de los certificados de evaluación y diagnóstico, indicativos de su condición. 

Al mismo tiempo se pretende que se establezcan a su favor políticas públicas que les permita el acceso a experiencias laborales, oportunidades de empleo y formación continua.